RECOMIENDAN SANCIONAR A JOHNNY ARAYA (16/12/11) PDF Imprimir Correo electrónico

RECOMIENDAN SANCIONAR A JOHNNY ARAYA

16 diciembre 2011

ANA V. AMENÁBAR C.

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La Contraloría recomienda al Concejo Municipal la suspensión por 15 días de Johnny Araya, alcalde de San José.

La compra de un sistema de catastro pone nuevamente en la palestra al alcalde de San José, Johnny Araya Monge, quien a pesar de haberle demostrado a la Contraloría que la licitación se realizó a derecho y que el municipio recibió el producto por el cual pagó, esta insiste en acusarlo.

Esta vez la sanción que le recomiendan imponer al Concejo Municipal se basa en la supuesta falta de autoridad de Araya para realizar pagos por adelantado del sistema, a pesar de que el contrato de licitación con la empresa sí le confería esta potestad.

Además la Contraloría indica en su informe que no se le dio el debido seguimiento al proyecto de catastro y por eso también pide la sanción.

En este sentido Araya asegura que él ha presentado mucha documentación al ente contralor, tanto es así que no encontró ninguna prueba en contra de los otros acusados por este proceso y le parece muy extraño que solo a él se le acuse.

CONTRALORÍA SE EQUIVOCÓ

A inicios de la década pasada la Contraloría comienza una investigación por un contrato entre la Municipalidad de San José y una empresa internacional para realizar el catastro de 106 mil propiedades y subirlo a la web.

Cuando esta realiza un estudio para verificar el proceso licitatorio, denuncia públicamente que la Municipalidad no recibió lo pactado sino únicamente 80 mil propiedades, lo que representa un daño grave a las finanzas del municipio.

Por este hecho son acusados, además de Araya, Walter Cortés, Álvaro Burgos, Juan Chaves, Rodolfo Sancho, Mario Vargas y Maureen Clarke, todos funcionarios del ayuntamiento josefino.

Durante el proceso los funcionarios demostraron que el estudio hecho por la Contraloría estuvo viciado y en efecto recibieron el producto pactado en la licitación. Así lo notificó Luis Guillermo Oviedo Blanco, fiscalizador de la Contraloría General de la República.

¿QUIÉN DEBE SANCIONAR A UN ALCALDE?

En la legislación costarricense el nombramiento de los alcaldes ha sido reformado y por esta razón quedaron algunos cabos sueltos en el camino. Uno de ellos es determinar cuál es el órgano que tiene la potestad de sancionarlos en caso de ser encontrados culpables de algún hecho irregular.

En este sentido el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) afirma que espera la notificación de la Contraloría para valorar sus alcances, de manera que no será hasta entonces que se determine si el llamado a llevar a cabo la sanción es el Concejo Municipal o el propio Tribunal.

Araya le envió una carta al TSE en donde explica las razones por las cuales considera que ninguno de los dos es el llamado a realizar esta gestión administrativa, debido a que la legislación costarricense no lo tiene legislado.

Según lo argumentado por el alcalde, el TSE solo tiene la potestad de quitarle las credenciales a un funcionario de elección popular, mientras que el Concejo Municipal tampoco podría imponer la sanción porque no es el superior jerárquico de la alcaldía sino que, según una resolución reciente de la Sala Primera, se encuentran en el mismo nivel jerárquico.

“En ninguna parte de ninguna ley está tipificado que se pueda sancionar a un alcalde como la Contraloría pretende”, recalcó Araya.

No obstante, la ley no cuenta con una normativa en este sentido. Él asegura que si hubiera cometido algún hecho anómalo aceptaría la sanción que se le está imponiendo.

Insiste en que actuó a derecho, sobre todo que no entiende cómo es que solo a él se le persigue por este caso, cuando hubo otras personas involucradas en el proceso que también firmaron el pago de esta contratación, sobre quienes no pesa ningún tipo de sanción.

Por esta razón no descarta que pueda existir otro tipo de intereses detrás de esta acusación, aunque fue enfático al declarar que él no puede acusar a nadie pero tampoco puede dejar de suponer algunas cosas.

En este momento el TSE es quien debe determinar si procede o no la sanción y quién debe ser su ejecutor.

No obstante, el Concejo Municipal conocerá sobre este tema el 10 de enero, cuando vuelva a sesionar, ya que en este momento se encuentra en el receso de fin de año.


REGIDORES OPINAN

Alexander Cano
PLN
“Los regidores no tenemos la potestad de sancionar al alcalde, ya que tenemos la misma jerarquía que él. No existe en la legislación actual nada que indique que nosotros podemos imponerle una sanción al alcalde, por eso creo que no tiene fundamento jurídico”.

Daguer Hernández
PAC
“Al igual que nosotros recibimos la renuncia de un síndico o un regidor suplente ante el Concejo Municipal, la aprobamos y pasamos al Tribunal de Elecciones, es lo que ahora deberíamos hacer con esta recomendación de la Contraloría. Si la mayoría vota a favor, el alcalde quedaría suspendido”.

“SOY VÍCTIMA DE LA CONTRALORÍA”

ANA V. AMENÁBAR C.

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Johnny Araya, alcalde de San José, asegura que no ha cometido ninguna falta, por eso no acepta la recomendación de la Contraloría de suspenderlo.

La Contraloría General de la República se encuentra en proceso de notificación a las partes relacionadas con una posible sanción para el alcalde de San José, Johnny Araya.

El ente contralor recomienda que a Araya se le suspenda de su cargo por 15 días sin goce de salario. No obstante, la legislación costarricense no cuenta con una figura legal que permita llevar a cabo este tipo de sanciones, pues los puestos de elección popular no tienen un superior jerárquico que pueda llevar a cabo la sanción.

Por lo anterior Araya asegura: “Estoy siendo víctima de la Contraloría, quien además de estarme acusando sin tener fundamentos para ello, tampoco tiene la potestad para hacerlo”.

En esta oportunidad a Araya se le acusa de haber aprobado el pago para una licitación por montos mayores a los que está autorizado a firmar. No obstante, el alcalde afirma que él actuó a derecho, ya que este pago se encontraba legitimado en el contrato de licitación.

“Yo tengo pruebas que los pagos que hice están amparados en la adjudicación de la licitación y se estila en esta Municipalidad de que cuando se adjudica una licitación, inmediatamente se da una autorización de pago. Que puede ser en un solo pago cuando se trata de la compra de un camión recolector, pero hay contratos que son pagos parciales, como este contrato”, explicó el alcalde.

Araya asegura que cuando se llevó a cabo la adjudicación del proyecto, él no se encontraba ejerciendo el cargo de alcalde municipal porque había renunciado tiempo antes para apoyar a su hermano durante la campaña electoral.

Incluso tampoco estaba en la alcaldía cuando se finiquitó el contrato, pues tenía un permiso porque en ese momento se efectuaba un proceso de convención dentro del Partido Liberación Nacional, al que pertenece.

El alcalde aseguró que si esto continúa, él llevará el caso a un tribunal contencioso administrativo para defender sus derechos.

Contraloría pide suspender 15 días a alcalde Johnny Araya

Sanción tiene que ver con pagos autorizados en proyecto de catastro

Alcalde alega que actuó según lo definido por el Concejo Municipal

Esteban Oviedo Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla '; document.write( '' ); document.write( addy_text30216 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla 12:00 a.m. 16/12/2011

La Contraloría General de la República le pidió al Concejo Municipal de San José suspender durante 15 días, sin goce de salario, al alcalde Johnny Araya.

La información fue confirmada ayer por el propio jerarca capitalino, tras inaugurar la exposición Peace Parade, en la capital.

Según Araya, la Contraloría le atribuye el haber autorizado pagos por montos mayores a los que él tenía permitido a una empresa proveedora de la Municipalidad.

Los pagos están ligados a un proyecto de $2 millones (¢1.019 millones) para actualizar el catastro de las propiedades josefinas, el cual fue adjudicado en el 2002 al consorcio mexicano Estudios y Proyectos de Ingeniería Urbana S. A., de C. V. y Argeomática S. A.

En principio, ese contrato era por un monto de $1,2 millones, pero se elevó a $2 millones al incrementarse el número de predios que serían identificados.

En su defensa, el alcalde dijo que autorizó los pagos porque así lo permitieron los regidores: “Hay acuerdo del Concejo que adjudica una licitación y, a partir de la adjudicación, evidentemente se hacen pagos que sobrepasan lo que yo estoy autorizado porque ya tiene un acuerdo la licitación”, aseveró.

“Ha sido una práctica institucional, yo lo único que hago es hacer la autorización de los pagos que devienen de un acto de adjudicación que tiene pagos parciales que, por supuesto, sobrepasan el monto que yo puedo autorizar”, agregó.

La resolución que pide suspender al alcalde data de enero de este año. Sin embargo, Araya interpuso un recurso de revocatoria y otro de apelación ante la Contraloría.

Dicha institución rechazó el primero en enero y el segundo, este mes. El pasado lunes, el jerarca municipal fue notificado de que la sanción se mantenía en firme.

Araya dijo, además, que la legislación no permite suspender a un alcalde. Según él, el Concejo no puede sancionarlo porque no es su superior y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solo podría retirarle las credenciales.

En pocas palabras

‘No está tipificada una suspensión’

Autor Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla '; document.write( '' ); document.write( addy_text35607 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla 12:00 a.m. 16/12/2011

Johnny Araya

Alcalde de San José

¿Usted le pidió al TSE pronunciarse sobre el tema?

Yo le envié una nota con jurisprudencia de la Sala I y de la Procuraduría General de la República. La de la Procuraduría dice que, para los alcaldes, lo único que está tipificado en la ley es pérdida de credencial por el TSE, un plebiscito para destituirlo o acusaciones de carácter penal. No está tipificada una sanción disciplinaria de suspensión de 15 días.

“El Concejo Municipal tampoco es órgano disciplinario porque, de acuerdo con pronunciamientos de la Sala IV y de la Sala I, el gobierno municipal tiene dos órganos que, jerárquicamente, están al mismo nivel”.

¿Apelará la decisión?

No veo que haya un órgano competente para imponerme esa sanción.

¿Ha evaluado ir a un Juzgado Contencioso Administrativo?

Al TSE he presentado el alegato de que esa sanción no existe, pero si llegara al Concejo y actuara ilegalmente, cosa que no creo, iría al Contencioso.

Contraloría pide suspender 15 días a Johnny Araya



Escrito por Roberto Portuguez    /Prensa Libre

Viernes 16 de Diciembre de 2011 00:00

• Denuncia supuesto despilfarro de dinero

• Alcalde capitalino: “Acusación es temeraria”

Las únicas sanciones para un alcalde son: retirarle las credenciales, destituirlo por medio de un plebiscito, o bien, tras un juicio penal donde sea acusado. Según Araya, en ninguna de las tres cabe su caso. Foto: Archivo.

El alcalde Johnny Araya se enojó con la Contraloría General de la República (CGR) tras un informe donde pidió su suspensión por un periodo de 15 días mientras se realiza una investigación administrativa en su contra por un supuesto despilfarro de dinero y daño a la Hacienda Púbica.

“La Contraloría se equivocó con el informe, a mi juicio es una acusación temeraria. Todo se ha hecho apegado a la ley y eso que ellos achacan es un contrato de licitación pública que dio muchos réditos al Municipio, pues se ha logrado ahorrar más de lo que costó el sistema”, indicó Araya.

Sin embargo la Contraloría está muy lejos de lograr la suspensión. Primero lo intentó por medio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los magistrados dijeron que no tenían competencia para hacerlo porque el código electoral solo les define como sanción la cancelación de las credenciales.

Ahora el ente contralor se lo solicita al consejo municipal, al cual le pidió que suspenda a Araya sin goce de salario, algo que se deberá votar en los próximos días.

“Logramos demostrarle a la Contraloría que se equivocó y en una visita que hicieron hace un año comprobaron que la Municipalidad recibió lo que pagó. Este sistema generó ingresos de tres o cuatro veces lo que la Municipalidad había invertido y eso solo en cuestión de un año”, argumentó.

La solicitud se da debido a que se investiga al alcalde por haber sido el supuesto responsable de autorizar la ejecución de varios pagos parciales para financiar el proyecto de renovación de catastro municipal que inició en 2002.

Supuestamente, el alcalde no siguió los procedimientos adecuados en algunos pagos para la ampliación del proyecto, que en un inicio analizaría 72 mil predios en San José, y al final analizó 178.000, es decir, 106.000 más.

“Me parece que la recomendación de la Contraloría no solo no es válida, en cuanto yo sólo actué apegado a la legalidad sino que no tienen ningún fundamento jurídico. No está tipificado en ninguna ley que se suspenda por unos días al alcalde”, finalizó Araya.

Durante un plazo de 15 días

La Contraloría le otorgó a Johnny Araya plazo hasta el 23 de diciembre para presentar pruebas de descargo. Archivo.

Contraloría pide suspender a Johnny Araya

Gloriana Corrales /Al Dia

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La Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) suspender al alcalde josefino, Johnny Araya, por un supuesto despilfarro de $2 millones en la contratación de un sistema informático para realizar catastro.

En enero, ese mismo órgano pidió al Concejo Municipal aplicar una suspensión de 15 días a Araya. Sin embargo, el jerarca apeló ante la Contraloría por considerarlo improcedente.

Esa vez, Araya envió al TSE una resolución de la Procuraduría General –de octubre del 2008 – en la que se señala que la única forma de separar a un alcalde de su cargo es mediante plebiscito, pérdida de credenciales o acusaciones penales.

Araya explicó ayer, durante el Peace Parade, que contó con aval del Concejo Municipal para efectuar la contratación.

Sin embargo, la Contraloría insiste en que hay vicios de procedimiento.

Araya no descarta acudir ante el Tribunal Contencioso.

 
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