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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

PROYECTO DE LEY

 

LEY DE CREACIÓN DE UN FONDO AMBIENTAL PARA LAS

MUNICIPALIDADES Y DE SANCIONES AMBIENTALES A

LOS SUJETOS DE DERECHO QUE CONTAMINEN

LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE

COSTA RICA

 

EXPEDIENTE Nº 15.095

 

VARIOS SEÑORES DIPUTADOS

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

PARLAMENTARIOS

 

PROYECTO DE LEY

 

LEY DE CREACIÓN DE UN FONDO AMBIENTAL PARA LAS
MUNICIPALIDADES Y DE SANCIONES AMBIENTALES A

 LOS SUJETOS DE DERECHO QUE CONTAMINEN

LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE

COSTA RICA

 

Expediente Nº 15.095

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

 

Nunca antes en la historia de la humanidad, el ser humano había tomado
genuina conciencia de la relación profunda que existe entre él y la naturaleza.
Esta conciencia planetaria implica la conclusión de que toda la vida en la tierra
forma parte de un gran sistema interdependiente. Se interrelaciona con los
componentes no vivientes del planeta y depende de ellos: la atmósfera, los
océanos, el agua dulce, las rocas y el suelo. La humanidad depende totalmente
de esta comunidad de vida- de esta biosfera- de la que formamos parte.

 

Costa Rica es uno de los países con una posición de privilegio y ejemplo
de conservación en el mundo, con una amplia extensión de su territorio protegido
como zonas de biodiversidad importantes y con una riqueza en diversidad de
especies animales, vegetales y de ecosistemas envidiables. Por su clima,
precipitación pluvial, sus características de relieve y la disposición y
características biofísicas de sus cuencas hidrográficas y sistemas fluviales
conexos, posee un potencial hídrico aprovechable extraordinario. Debemos tener
en cuenta que en Costa Rica existen unas cien cuencas hidrográficas, siendo
realmente importantes para efectos de planificación unas treinta y cuatro.

 

Sin embargo falta mucho por hacer. La contaminación de los ríos de Costa
Rica a través de desechos sólidos, productos químicos, vertidos de aguas negras
y claras, son un factor de riesgo en el mantenimiento de una adecuada
biodiversidad del agua dulce. Los ríos, lagos, arroyos y tierras húmedas
proporcionan la mayor parte del agua que se bebe y se utiliza para la agricultura,
el saneamiento y la industria, así como para la vida de enormes cantidades de
peces y crustáceos. Muchos son los factores que inciden en las prácticas de
contaminación de los ríos: densidad demográfica, pobreza, sistemas económicos
que no adjudican un valor adecuado al medio ambiente, falla de los sistemas
jurídicos institucionales, ausencia de planificación en el uso de suelos, invasión
de terrenos en las márgenes de los ríos por parte de personas sin viviendas,
deforestación, contaminación con fertilizantes y plaguicidas (Costa Rica según el
último Informe del estado de la Nación, está entre los países de uso más intensivo


de plaguicidas por hectárea en el mundo). En dicho informe, se determinó que la
cuenca más contaminada del país es la del río Grande de Tárcoles que recibe el
sesenta y siete por ciento (67%) de la carga orgánica del país. Le siguen la
cuenca del Reventazón once por ciento (11%) y la del Térraba ocho por ciento
(8%). La totalidad de las aguas residuales, domésticas e industriales, es
recolectada y se vierte sin tratamiento en la cuenca del Tárcoles. Se calcula que
diariamente se vierten 250,000 m3. de aguas residuales al río Virilla. En
veinticuatro horas estas aguas alcanzan el golfo de Nicoya, donde el impacto de
la contaminación se hace sentir en los descensos de las poblaciones de peces y
los brotes más frecuentes de marea roja. El programa implementado por el
MINAE: “PLAMA” (Plan de Mejoramiento Ambiental) Virilla, a través de un
monitoreo de la calidad de las aguas superficiales de la cuenca, detectó la
persistencia de contaminantes como coliformes fecales, fosfatos, amoníaco y
nitratos, entre otros.

 

Es por ello, que deben tomarse medidas urgentes para minimizar el
impacto de estos factores sobre las cuencas hidrográficas más importantes de
nuestro territorio nacional, para evitar la destrucción de sus ecosistemas y
desarrollar una mejor cultura ambiental de protección a los ríos y mejoramiento de
las condiciones de vida de las personas. No debe olvidarse que en última
instancia es el individuo de carne y hueso el que sufre de las consecuencias por
la afectación del medio natural. En el último Informe del estado de la Nación se
advierte sobre la dimensión de la contaminación del recurso hídrico, es así que
“de las 3,500 industrias establecidas en las cuencas que desembocan en el golfo
de Nicoya, solo el cinco por (5%) tiene plantas de tratamiento de aguas” (p. 65).
Incluso la mala planificación institucional que existe sobre el manejo de las aguas
y contaminantes que se vierten en los ríos afecta en última instancia las zonas
costeras que reciben todos los efectos perjudiciales de aguas que han sido
contaminadas territorio adentro. Son estas zonas costeras deprimidas por la
pobreza las que tienen que sufrir en mayor medida el impacto sobre sus recursos
hídricos (escasez de agua de calidad, degradación ambiental y problemas de
salud), y cuyas municipalidades son pobres en recursos económicos para
atender los efectos de dicha contaminación. Es por ello, que la regulación del
ambiente no sólo se establece por mera protección del ambiente como un
concepto que se justifica por sí, sino que su protección se justifica por el propio
interés de los individuos humanos, en tanto individuos afectados por los
problemas ecológicos, es un reconocimiento del derecho de cada persona a una
calidad de vida., lo que implica una serie de actitudes informadas por la ética.
Desde este punto de vista es que debe entenderse por ambiente como el
resultado de interacciones entre sistemas ecológicos y socio-económicos
susceptibles de provocar efectos sobre los seres vivientes y las actividades
humanas. La Sala Constitucional en la resolución 4480-94 dijo:

 

“ La protección del medio ambiente es una tarea que corresponde a todos
por igual, a las instituciones públicas, haciendo respetar la legislación


vigente y promoviendo esfuerzos que prevengan o eliminen peligros para el
medio ambiente; a los particulares acatando aquellas disposiciones y
colaborando en la defensa del suelo, el aire y el agua, pues todo cambio
nocivo resultante de un acto humano en la composición, contenido o calidad
de estos resultará también perjudicial para la calidad de vida del humano.”

 

El presente proyecto pretende ser una herramienta que posibilite a las
instituciones encargadas de la protección del ambiente contar con recursos
económicos obtenidos a través de multas y sanciones ambientales aplicadas a
todos aquellos sujetos de derecho público o privado que contaminen de una u
otra forma las cuencas hidrográficas más importantes de Costa Rica, recursos
que serían destinados a las municipalidades, en procura de que estas
instituciones elaboren campañas nacionales de difusión e información sobre
temas ambientales, educación sobre contaminación de ríos y mares, además para
destinar esos recursos económicos a la creación de un fondo ambiental municipal
(FAM) para el mantenimiento y limpieza de playas y ríos. El proyecto pretende
implementar un régimen jurídico sancionatorio de conminaciones pecuniarias y
penas alternativas a la prisión para la protección cualitativa de las aguas
superficiales de los principales ríos de Costa Rica contra prácticas de
contaminación.

 

El proyecto busca que existan recursos para las municipalidades, y lograr
como se dijo, el mejor mantenimiento y limpieza de playas y ríos, acción que en
última instancia favorece el turismo nacional y ayuda a la conservación de los
recursos hídricos. Este tipo de legislación está contemplado a nivel internacional
en la declaración de principios ( Principio 13) de la Cumbre de la Tierra (Cumbre
de Río) reunida en Río de Janeiro en junio de 1992 donde se dispuso que los
estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y
la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños
ambientales. A nivel nacional varias leyes disponen de la protección del ambiente
en relación con la conservación del recurso agua y en específico con las
cuencas hidrográficas: así tenemos que el artículo 67 de la Ley Orgánica del
Ambiente dispone: “Artículo 67- Contaminación o deterioro de cuencas
hidrográficas: Las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, estarán
obligadas a adoptar las medidas adecuadas para impedir o minimizar la
contaminación o el deterioro sanitario de las cuencas hidrográficas, según la
clasificación de uso actual y potencial de las aguas”, y el artículo 35 inciso e) de
ese mismo cuerpo normativo, dispone que serán objetivos de los Consejos
Regionales Ambientales “Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas
hidrográficas, para reducir y evitar el impacto negativo que puede ocasionar su
mal manejo”.

 

La responsabilidad por contaminación de cuencas hidrográficas estaría
justificada por el hecho de que es la misma legislación ambiental la que recurre a
leyes especiales para el establecimiento de responsabilidades penales y


pecuniarias en general (artículos 111 Ley de Biodiversidad, y artículo 100 de la
Ley Orgánica del Ambiente, entre otras).

 

La estructura de los delitos ambientales por contaminación de ríos se apoya
en varios principios ambientales importantes: el primero es el principio de no
contaminación que expresamente prohíbe en cualquier forma la contaminación de
ríos que implique una alteración química, física o biológica de las aguas
haciéndolas inapropiadas para las diferentes necesidades de uso a que estén
destinadas o que impliquen graves riesgos a la salud de las personas, la
vegetación, las especies piscícolas y acuícolas, atenten el esparcimiento o
perturben otros usos legítimos de las aguas, el segundo principio es el de
prevención que tiende a combatir la contaminación en su origen y no en sus
efectos ulteriores, lo que significa recabar la información necesaria, puntual e
idónea de nuestras cuencas hidrográficas, para así orientar la lucha contra la
contaminación. Igualmente importante que exista un mejor monitoreo nacional que
califique las diversas cuencas hidrográficas en protegidas, vigiladas, normales o
industriales, según el uso que se dé a sus aguas. El tercer principio es aquel que
estipula que quien contamina paga, en el sentido de que el coste de las medidas
de prevención y de lucha contra la contaminación impuesta por los entes
competentes deben ser asumidos por el autor del delito ambiental al contaminar
los ríos. Finalmente el cuarto principio se refiere al principio de responsabilidad
por el cual el sujeto de derecho público o privado que incurra en el delito
ambiental de contaminación de ríos asumiría por acción u omisión una
responsabilidad por determinarse en las instancias judiciales competentes. El
proyecto establece la responsabilidad pecuniaria a través de multas y sanciones
alternativas al apremio corporal que se aplicarían a los infractores de la
normativa ambiental en relación con la contaminación de cuencas hidrográficas.
Por todo lo anterior, se somete a conocimiento de las señoras y señores
diputados el presente proyecto de ley.

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA,

 

DECRETA:

 

 

LEY DE CREACIÓN DE UN FONDO AMBIENTAL PARA LAS
MUNICIPALIDADES Y DE SANCIONES AMBIENTALES A

LOS SUJETOS DE DERECHO QUE CONTAMINEN

LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

DE COSTA RICA

 

ARTÍCULO 1.- Adiciónase un Título I al Capítulo XIX SANCIONES de la
Ley Orgánica del Ambiente, corriéndose la numeración del articulado, para que
diga lo siguiente:

 

TÍTULO I

 

Responsabilidad pecuniaria por Contaminación de cuencas hidrográficas del
territorio nacional

 

Artículo 102.- Contaminación de cuencas hidrográficas:

 

 Para los efectos sancionatorios de la presente Ley se entenderá por
contaminación de cuencas hidrográficas aquellas acciones u omisiones
realizadas por personas físicas o jurídicas de derecho público o privado que
incorporen o viertan a las aguas de los ríos residuos peligrosos
entendiéndose por tal todos aquellos residuos en cualquier estado físico,
que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas,
explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, o irritantes, representan un
peligro para el equilibrio ecológico de las cuencas hidrográficas nacionales
en su recurso hídrico, en su flora, fauna, salud humana y bienes, o lleguen
efectivamente a provocar directa o indirectamente una pérdida reversible o
irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus
componentes en general, que se traduzcan en consecuencias sanitarias,
estéticas, recreacionales y ecológicas negativas e indeseables.

 

Artículo 103.- De las conductas sancionadas a personas físicas

 

 Se impondrá multa de cuatro salarios base definidos en el artículo 2
de la Ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993, a las personas físicas que,
violando las presentes disposiciones, y aquellas leyes y reglamentos que en
su consecuencia se dicten para la protección de los recursos hídricos,
provocaren o realizaren en forma sistemática y continua, o en forma
ocasional, directa o indirectamente, emisiones o vertidos contaminantes en
los cauces de los ríos del territorio nacional que perjudiquen o puedan
perjudicar las condiciones ecológicas de dichos recursos, en los términos
descritos en el artículo anterior.

 

Artículo 104.- Aplicación de penas a personas jurídicas

 

 Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores se
hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena consistirá
en multa equivalente a diez salarios base definidos en el artículo 2 de la Ley
Nº 7337, de 5 de mayo de 1993; y se aplicará a los directores, gerentes,
miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o
representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible,
sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiese existir.

 

Artículo 105.- Responsabilidad por culpa

 

 Cuando algunos de los hechos previstos en los artículos anteriores
fueren cometidos por persona física mediando imprudencia o negligencia o
por impericia en el propio arte o profesión, se impondrá multa equivalente al
monto de dos salarios base definidos en el artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 5


de mayo de 1993. Tratándose de personas jurídicas la multa se
incrementará a 5 salarios base.

 

Artículo 106.- Agravantes

 

 Se impondrá multa equivalente a 5 salarios base definidos en el
artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 5 mayo de 1993; a las personas físicas
cuando los actos descritos en los artículos precedentes, produjeran un
perjuicio grave o catastrófico en las cuencas hídricas o sus alrededores, con
grave afectación para la calidad del ambiente de los seres humanos y las
especies de toda la biodiversidad existente en la respectiva cuenca. En el
caso de las personas jurídicas, la multa será equivalente a dieciséis salarios
base.

 

 Para los efectos anteriores, la determinación técnica del perjuicio
ambiental grave y catastrófico será realizada mediante consulta previa
preceptiva a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, órgano que será
tenido como parte en el proceso correspondiente. Los costos administrativos
derivados de dicha consulta técnica correrán por cuenta de las personas
físicas o jurídicas que hallan sido halladas responsables en el proceso. Si no
existiera responsabilidad, los costos de dicha consulta serán asumidos por
la SETENA.

 

Artículo 107.- Principio quien contamina paga y sanciones
alternativas

 

 Será responsabilidad de las personas físicas o jurídicas de derecho
público o privado que ocasionen la contaminación de las diferentes cuencas
hidrográficas, limitar y eliminar los elementos contaminantes, y limpiar y
restaurar el medio ambiente afectado. En caso de incumplimiento, las
instituciones relacionadas con el mantenimiento y preservación del ambiente
deberán proceder a las operaciones de contención, remoción, limpieza y
restauración, cargando los costos de tales operaciones a los responsables
de la degradación o contaminación. Igualmente podrán imponerse al
infractor sanciones alternativas de reparación del daño ambiental como las
siguientes:

 

a) Trabajo comunitario en el área contaminada bajo la
supervisión de la municipalidad o municipalidades afectadas o de las
personas o entes encargados de la protección del ambiente del lugar
donde acaecieron los hechos.

 

b) Participar en la divulgación de campañas cantonales de
información educativa sobre temas relativos a la contaminación de ríos


y preservación del ambiente natural, que realicen los diferentes entes y
personas encargadas de gestión ambiental.

 

c) Colaborar con las diferentes municipalidades y con los
órganos competentes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación
para la limpieza de playas, cuencas hidrográficas, bosques y demás
ambientes que determinen las autoridades competentes.

 

 La prestación de estos servicios comunitarios no podrá exceder las
doce horas semanales ni ser inferior a cinco horas. El plazo total de los
trabajos comunitarios se determinará en la sanción impuesta por la
Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre, según la gravedad
del daño ocasionado por la acción contaminante.

 

Artículo 108.- La aplicación de multas en caso de personas jurídicas

 

 En el caso de las personas jurídicas las sanciones de multas serán
impuestas en forma solidaria a la entidad y a sus directores, administradores
y gerentes. Ello sin perjuicio de la eventual aplicación de penas alternativas,
si así correspondiere, que se impondrá a los directores, administradores y
gerentes que resultaren responsables. Las penas pecuniarias se aplicarán
aún cuando la persona jurídica se hallare en liquidación.

 

Artículo 109.- Funcionarios públicos

 

 Será reprimido con multa de hasta 3 salarios base definidos en el
artículo 2 de la Ley Nº 7337, de 5 de mayo de 1993; e inhabilitación especial
de un año para futuros cargos, el funcionario público que, a sabiendas del
impacto ambiental y humano negativo, descritas en las figuras de que se
trate, autorizare el funcionamiento o la continuidad de actividades
evidentemente contaminantes realizadas por cualquier persona física o
jurídica, o no lo denunciare ante la autoridad competente, poniendo en
peligro la contaminación de las aguas de los ríos. No será excusa atendible
la falta de competencia o presupuesto en la omisión de dichos deberes. En
todo supuesto, la administración de que se trate asumirá los efectos
económicos del daño ambiental, y en consecuencia el juez competente
tendrá facultades amplias y suficientes, para solicitar a la Oficina de
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la
República, que la suma debida en concepto de multa, sea retenida o
congelada del monto del presupuesto nacional asignado a dicha
administración, y aplicada según lo indicado en la sentencia.

 

Artículo 110.- Criterios para fijación de las penas

 


 Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta Ley, se
tomará en cuenta:

 

a) La gravedad de la infracción, considerando principalmente el
impacto en la salud pública y la generación de desequilibrios
ecológicos a determinar técnicamente,

 

b) las condiciones económicas del infractor,

 

c) la reincidencia del infractor, si la hubiere.

Las circunstancias anteriores deberán ser apreciadas por el juez según
el artículo 71 del Código Penal.

 

Artículo 111.- Legitimación para denunciar

 

 Están legitimados para iniciar e impulsar las acciones previstas en la
presente Ley toda persona física o jurídica, el Ministerio Público, los
municipios, la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre
creada en la Ley Nº 7455, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de
conformidad con sus competencias establecidas en el párrafo último del
artículo 22 de la Ley Nº 7788 Ley de Biodiversidad, los consejos regionales
ambientales según el artículo 8 inciso c) y artículo 35 inciso e) de la Ley
Orgánica del Ambiente, así como aquellas entidades legalmente constituidas
e inscritas para la defensa de los intereses difusos o cualquier entidad que
accione en nombre de un interés colectivo. La denuncia podrá formularse
oralmente o por escrito en sede judicial, policial o administrativa de lo cual
deberá dejarse constancia en los registros correspondientes.

 

Artículo 112.- Debido proceso

 

 La aplicación de las sanciones previstas en los artículos anteriores
deberán asegurar al presunto infractor las garantías del debido proceso, que
asegure el derecho de defensa y se resolverá evaluando la naturaleza,
antecedentes y perjuicios de la infracción y del infractor.

 

Artículo 113.- Régimen de prescripción de sanciones

 

 Las acciones para imponer sanciones a la presente ley prescriben a los
cinco años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la
infracción.

 

Artículo 114.- Percepción de multas y creación del Fondo Municipal
Ambiental

 


 Las multas a que se refieren los artículos precedentes por
contaminación de cuencas hídricas serán percibidas por las municipalidades
de los diferentes cantones, e ingresarán como recurso de las mismas.

 

 Créase un fondo ambiental municipal en cada municipalidad, por
sus siglas FAM, que se destinará con exclusividad al mantenimiento,
limpieza, y conservación de los diferentes ríos y playas nacionales en
coordinación con las políticas nacionales en materia de biodiversidad de la
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, el cual será
constituido únicamente por los rubros indicados en el artículo anterior y
cualquier donación o aporte de personas físicas o jurídicas de derecho
privado. Los aportes realizados al fondo ambiental municipal en concepto de
donaciones, no estarán sujetos al impuesto sobre la renta.

 

 Dicho fondo funcionará sin perjuicio de lo establecido en el inciso f)
del artículo 38 de la Ley Nº 7575 Ley Forestal, y artículo 93 de la Ley
Orgánica del Ambiente (Fondo Nacional Ambiental). Para dichos propósitos,
los diferentes municipios gozarán de exoneraciones nacionales de todo
tributo para equipos y materiales que sean indispensables. Para el
otorgamiento de estas exenciones se seguirán los procedimientos
establecidos en el artículo 100 de la Ley Nº 7788.

 

 Se prohíbe que el fondo ambiental municipal indicado en este
artículo reciba o aporte cualquier tipo de suma, respecto del presupuesto
nacional ordinario y extraordinario, o sus reformas.”

 

 

Rige a partir de su publicación.

 

Federico Malavassi Calvo Ronaldo Alfaro García

Carlos Herrera Calvo Peter Guevara Guth

Carlos Salazar Ramírez

DIPUTADOS

 

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión

Especial de Ambiente

 

 

 

 
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